La discutible legalidad de las sanciones por incumplimiento del confinamiento durante el estado de alarma

Abstract

Como es notoriamente conocido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, limitó el derecho a la libre circulación de las personas. Dicha limitación se estableció en el artículo 7 del citado Real Decreto sin regular empero las eventuales sanciones que podría comportar el incumplimiento de las restricciones.

Ante la ausencia de una previsión específica en el citado Decreto estableciendo el estado de alarma, el incumplimiento de dicha limitación –quebrantamiento del confinamiento– está siendo objeto de denuncias al amparo de lo previsto en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (comúnmente conocida como Ley Mordaza).

Sin embargo, dicho artículo 36 tipifica, como infracción grave, la siguiente conducta:

“La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.