La adjudicación de los contratos públicos: la nueva ley de contratos de las administraciones públicas y normativa comunitaria

Abstract

La actividad de la Administración pública, cada día más intensa y extensa, opera en el campo de la obra pública, y también en otros parcelas de su gestión (servicios públicos y suministros), por medio del contrato administrativo, institución que proviene del Derecho francés y que ha sido recogida hace años por nuestro ordenamiento jurídico. En España la normativa de los contratos del Estado cobra una importancia especial a partir de la Ley de bases 198/1963, de 28 de diciembre, el texto articulado de la cual fue aprobado por el Decreto 923/1965, de 8 de abril. Este ordenamiento introdujo una regulación completa de estos contratos, bajo principios jurídicos y administrativos de acuerdo con las necesidades de entonces, que, sustancialmente, también son las actuales. Se trata, como decía la exposición de motivos de la ley de 1963, del instrumento que coordina las posibilidades financieras públicas con las finalidades reales, y estas últimas con el empresario que las tiene que llevar a cabo mediante la ejecución de obras o la gestión del servicio público. Los procedimientos de selección de los contratistas constituyen uno de los aspectos más interesantes, e incluso más actuales, de la contratación administrativa. Además, son los más afectados por la normativa de la Comunidad Europea, como ha puesto de relieve Vinyoles a lo largo de las páginas del libro que prologamos. La selección adecuada constituye una de los hitos que hay que perseguir en la contratación de la Administración.