El proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado: algunas reflexiones

Abstract

El pasado mes de junio el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, Núm. 51-1, de 21 de junio de 2013) el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado, después de que el anteproyecto de Ley, informado por el Gobierno el 1 de marzo, hubiera seguido los trámites prelegislativos necesarios, entre ellos el correspondiente Dictamen del Consejo de Estado (Dictamen referencia 394/2013, de 30 de mayo de 2013). La ley que se pretende adoptar es, a mi juicio, importante y debe ser bienvenida, pues cubre un vacío normativo espectacular, ya que desde la transición democrática en España –y pese a diversos intentos, todos ellos frustrados– no se habían operado en nuestro país desarrollos legislativos en materia de acción exterior. Aparenta ser, por tanto, una ley útil y necesaria, pero, como tantas otras normas legales, sólo lo será si su contenido normativo es realmente útil y adecuado –y si lo es en la medida y con el alcance que sea necesario–, algo que, en mi opinión y atendiendo al texto del proyecto de ley, plantea, como mínimo, ciertas dudas que pretendo desarrollar en este comentario.