La (in)equívoca pregunta directa sobre las prospecciones petrolíferas

Abstract

El pasado mes de octubre asistimos a la convocatoria, prácticamente paralela, de dos consultas populares en dos de nuestras autonomías más singulares, Canarias y Cataluña. Es evidente que el desafío político que supone la articulación del derecho a decidir del pueblo catalán mediante una consulta popular “no refrendaria” es mucho más intenso que el que se suscita con la convocatoria de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, ya que aquélla pone en tela de juicio el principio de unidad de la soberanía nacional. En cualquier caso, la consulta planteada por el presidente del Gobierno de Canarias mediante el Decreto 107/2014, de 2 de octubre (“¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo ambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”) así como el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, que contiene, en sus capítulos I y III, la regulación de este tipo de “consultas ciudadanas mediante pregunta directa”, también han suscitado importantes dudas de constitucionalidad, tal como se denuncia en la impugnación de esta resolución y de esta disposición sin fuerza de ley por parte del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional.