Sobre la constitucionalidad de la nueva función de autorización y ratificación de medidas sanitarias generales de la jurisdicción contencioso-administrativa

Abstract

De figura residual y casi anecdótica, la autorización y ratificación judicial de medidas sanitarias que recoge la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA), ha pasado a convertirse en un instrumento clave en la gestión de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias[i]. Sin embargo, su parca regulación procesal y los inexistentes amarres de la misma en la normativa en materia de salud pública han generado no pocas preocupaciones y problemas a los operadores jurídicos. Algunas de las cuestiones controvertidas que han surgido son tan esenciales como la determinación del órgano judicial competente para su cognición, el alcance del control judicial y los criterios sometidos a conocimiento del juez, el cauce procesal para su despacho y la determinación de las partes legitimadas en el proceso, los recursos procedentes o, incluso, los supuestos en los que corresponde la misma solicitud por parte de la Administración, y la distinción de los casos que justifican la petición de una ratificación posterior en lugar de la autorización previa.