La violencia contra las mujeres: una cuestión de derechos humanos y de responsabilidad estatal

Abstract

La violencia contra las mujeres es un problema estructural universal que, lejos de desaparecer, persiste y se transforma, de modo que, junto a la violencia más conocida, como las lesiones, el acoso o los insultos, surgen y conviven nuevas formas de maltrato, como la violencia digital o la violencia vicaria. Alrededor de la fecha del 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se publican cifras que suponen un estigma para una sociedad que, pese a su empeño, no logra acabar con la subordinación y discriminación que sufre la mitad de su población, que no consigue erradicar la violencia contra una parte de su ciudadanía, en suma, que no alcanza a proteger a las mujeres frente a las agresiones que sufren por razón de ser mujer.

La respuesta jurídica frente a esta violencia parte de una premisa fundamental y básica: la violencia contra las mujeres constituye una vulneración flagrante de derechos humanos. Esta afirmación, que parece obvia, no ha sido aceptada de forma explícita sino en un tiempo relativamente reciente: se produjo en 1993, en el marco de una conferencia de la ONU sobre derechos humanos.[1] El mismo año, el artículo primero de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer[2] definió la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, en lo que ha sido durante décadas el referente normativo en esta materia.