La eficacia del derecho también se mide (aunque aún no sepamos bien cómo)

Abstract

Pocas preguntas son tan simples en apariencia, y tan complejas en su respuesta, como esta: ¿funcionan las leyes? Cuando hablamos de medio ambiente o de gestión de residuos, solemos medir la eficacia a través de porcentajes de reciclaje, toneladas vertidas o emisiones evitadas. Sin embargo, estos datos, por sí solos, no nos dicen nada sobre la eficacia del derecho: no explican si las normas se aplican, si son coherentes entre sí o si la ciudadanía y las administraciones entienden realmente sus obligaciones. Europa lleva más de una década intentando cerrar ese círculo. El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular fijan metas cada vez más ambiciosas, como la consecución de la neutralidad climática o la reducción de la contaminación del aire, agua y suelo a niveles inocuos para la salud humana y la naturaleza para el 2050. Alcanzar esos objetivos no depende solo de disponer de infraestructuras o de concienciar a la población: requiere también normas que funcionen, que se apliquen bien y que resulten coherentes. Hablar de “eficacia del derecho” implica ir más allá de los resultados visibles. Una ley puede ser técnicamente impecable y, aun así, fracasar en su aplicación práctica. Puede contener obligaciones bien definidas, pero carecer de mecanismos de control o de instituciones capaces de hacerlas cumplir. O puede verse debilitada por contradicciones entre niveles de gobierno, ambigüedades normativas o falta de confianza ciudadana.