Responsabilidad patrimonial por pérdida de oportunidad e inmunidad estatal: el caso Montasa

Abstract

La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 2669/2025, de 9 de junio de 2025, ofrece una oportunidad para replantear el alcance del derecho al reconocimiento y ejecución de sentencias y sus límites cuando el condenado es un Estado extranjero ajeno al Convenio de Lugano, de 30 de octubre de 2007, al Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, o al Convenio de La Haya, de 2 de julio de 2019, y, además, el cobro exige actuaciones fuera de España para el cumplimiento de la sentencia. El caso objeto de estudio parte de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Rota, de fecha 21 de diciembre de 1998, contra el Gobierno de EE. UU., por la que se condena al Gobierno de EE. UU. a pagar la cantidad de 920.934,20 €, más intereses y costas, por el impago de obras en la Base Naval de Rota a la mercantil Montasa.

Después del tiempo transcurrido, la sociedad española aún no ha logrado hacer efectivo el fallo de la sentencia de 1998. La Sala Tercera del TS anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2022 que rechazó la reclamación de Montasa, y declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por pérdida de oportunidad, fijando una indemnización de 100.000 € más intereses; no porque el Estado español responda de la deuda del Gobierno de los EE. UU., sino por la insuficiente colaboración administrativa exigible para facilitar la ejecución.