Derechos fundamentales para el día a día en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Abstract

Es ya un lugar común que el ciudadano lego extraiga de la crónica diaria política e incluso judicial de los últimos años una impresión de que los poderes públicos y las grandes empresas pueden tomar casi cualquier tipo de decisiones ante las que el ciudadano está prácticamente inerme. La sensación de que los derechos fundamentales no suponen un freno real y efectivo en el día a día frente a las decisiones del poder público o de los grandes grupos económicos que protejan a la ciudadanía, contribuye a la desafección por un sistema político e institucional tan necesitado de reformas de calado. Sin embargo, tras un repaso a la jurisprudencia dictada por las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Civil del Tribunal Supremo del tercer cuatrimestre del 2017, esa impresión podría ser atemperada. Me gustaría hacer referencia a cuatro decisiones que tienen un común denominador: la defensa de las posiciones legítimas de personas o colectivos particulares frente a comportamientos poco considerados, arbitrarios e incluso abusivos, pero no por ello poco frecuentes en el día a día de las administraciones públicas y de las grandes empresas. De las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se va a dar cuenta de tres decisiones que dan la razón a funcionarios interinos, a opositores que no están dentro del engranaje administrativo y a ministros de las iglesias evangelistas. También se apunta una sentencia de la Sala de lo Civil que adopta una postura claramente proteccionista de los derechos de los consumidores y que intenta disuadir ciertas malas prácticas, que podrían denominarse como abusivas, de una empresa de telecomunicaciones. Todas esas decisiones esgrimen la defensa de derechos fundamentales, aún, inherentes a toda persona.