Socioeconomía y lengua: entre la protección pública y la autonomía privada

Abstract

Es bastante habitual que el ordenamiento jurídico, tanto en países plurilingües como monolingües, proteja su(s) lengua(s) nacional(es) en las relaciones interprivados y en el tráfico económico. Un ejemplo gráfico de esto podría ser el Real decreto 564/1993, de 16 de abril, aprobado para garantizar que la letra ñ figure en los teclados de los dispositivos de escritura con el objetivo expreso de mantener la “identidad de la lengua oficial” y el “desarrollo cultural”. El etiquetado de productos, la contratación, la rotulación de establecimientos o la información a los usuarios son ámbitos en los que es habitual la existencia de regulaciones con contenido lingüístico, normalmente con la finalidad de proteger la inteligibilidad de las transacciones y proteger a los consumidores. Sin embargo, este ha sido uno de los ámbitos que ha suscitado más debate en el siempre polemizado mandato constitucional de protección de las lenguas.