Legalidad internacional y derecho a decidir

Abstract

En los últimos meses, desde distintos sectores políticos y sociales, y a falta de otros marcos jurídicos, se ha justificado el derecho a decidir e, incluso, todo el proceso soberanista, en la legalidad internacional. En efecto, cuando más allá del ordenamiento constitucional español y del mismo ordenamiento jurídico catalán -que tiene como norma institucional básica el Estatuto de autonomía- se habla de otros marcos legales o de todos los marcos legales que puedan amparar el derecho a decidir se está pretendiendo, aún de manera eufemística, buscar esta fundamentación en la legalidad internacional. Así se está haciendo en gran parte del discurso político soberanista y entiendo que este pretendido amparo está también implícito en la referencia que formula el párrafo séptimo del dispositivo de la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya (Resolución 5/X, del Parlamento de Catalunya, de 23 de enero de 2013) a la utilización de “todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir”. Intentando evitar un aval incondicionado a esta posición o una negativa cerrada a la misma -porque ni una cosa ni la otra son verdades absolutas e irrebatibles en el ámbito del derecho y de la política- creo que sería conveniente intentar clarificar algo estos términos para poder saber, al menos, de qué estamos hablando e identificar claramente qué es lo que puede ampararse bajo la legalidad internacional.