Constitución y retribución económica de la actividad parlamentaria

Abstract

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la regulación de las retribuciones de los diputados en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha (emitida por cierto con una inusual y siempre deseable celeridad) aparece en el contexto de un creciente debate político y social sobre la conveniencia de que los representantes parlamentarios en general –y quizá especialmente los de ámbito autonómico– reciban un sueldo fijo acompañado de la exigencia de dedicación exclusiva a la actividad parlamentaria. Un debate sin duda muy interesante desde la perspectiva de la teoría y la práctica política, y en el cual cabría hacer desde consideraciones históricas sobre el origen de la retribución económica de los diputados como forma de hacer frente al “elitismo” de la actividad de representación política decimonónica y democratizar el acceso a la función representativa, hasta otras reflexiones sobre la austeridad en el gasto público, el funcionamiento de los parlamentos en la actualidad, la mayor o menor capacidad de actuación individual de los diputados al margen de la disciplina de partidos, la mayor o menor conveniencia de unos diputados más o menos “profesionalizados” y la posibilidad, hoy realmente existente en muchas situaciones, de que la dedicación parlamentaria pueda compatibilizarse en algunos casos con otras actividades profesionales o laborales. Y en el fondo de todo ello, sobre cuáles deben ser las bases de nuestro actual modelo de representación política.